El Gobierno ha propuesto la creación de una "lista negra" en la que se registren los nombres de todos los ciudadanos que hayan sido condenados por impago de las rentas del alquiler. El Ministerio de Fomento lo justifica como medida para proteger a los propietarios de los inquilinos morosos, pero podría entrar en conflicto con la Ley de Protección de Datos. Aún así, la propuesta del Gobierno de crear una "lista negra" con los nombres de los ciudadanos que hayan sido condenados en firme por impago de rentas de alquiler es una de las 18 enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler que aún están pendientes de ser aprobadas.
La idea es, precisamente, que los propietarios de viviendas puedan consultar este listado antes de comprometerse a alquilar su inmueble y evitar posibles impagos. Eso sí, deberán acudir, tal y como reza la enmienda, con "una propuesta del contrato" que incluya claramente la identidad del posible inquilino.
Los datos que constarían en el registro –no se ha precisado aún cuáles serían, pero sí que su presencia en él tendría una duración máxima de seis años- los proporcionaría el Secretario Judicial o los órganos de arbitraje competentes, por lo que serían completamente reales y seguros. Igualmente, para elaborarlo, el Gobierno ya ha previsto la formulación de un real decreto que regule su correcto funcionamiento.
Desde la Agencia Española de Protección de Datos indican que aún es pronto para valorar la norma, pero especifican que se deberá realizar un estudio en profundidad para evitar que vulnere la ley actual y los derechos de los ciudadanos.
Igualmente, y también relacionado con los impagos, otra de las propuestas del Ejecutivo busca la agilización de los desahucios una vez demostrada la morosidad del inquilino. Su petición consiste en la modificación de un artículo para permitir que el desalojo o el cierre del expediente tras el juicio realizado por desahucio lo pueda autorizar, además del juez, un secretario judicial, tal y como aparece en la redacción del proyecto original.
En este caso, el objetivo, según indican, es intentar adecuar al máximo las funciones de ambos profesionales, secretarios y jueces, tomando como referencia el reparto competencial de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal.
FOTO 2: Bachofer abogados