Las cifras de morosidad de la banca acumulan máximos históricos al alcanzar, el pasado mes de agosto, los 178.579 millones de euros en créditos definidos como dudosos. Una cifra que es 11.000 millones mayor que la obtenida durante el mes de julio y que equivale a más del 16% del PIB español, tal y como ha especificado el Banco de España.
Los créditos dudosos son aquellos que acumulan más de tres meses de impago y en siete de cada diez casos corresponden, de una forma u otra al sector inmobiliario o de la construcción, especialmente a las empresas constructoras y promotoras, que acumulan más de 100.000 millones entre ambas.
Una cifra muy por encima de lo que supone el impago de las hipotecas de los hogares por parte de las familias, que apenas llega a los 31.000 millones de euros, es decir, un 17% de la morosidad total acumulada.
Tal y como indica Pere Brachfield, director del Centro de Morosología de la escuela de negocios FAE de Barcelona, y teniendo en cuenta las cifras oficiales, que determinan que el crédito potencialmente tóxico crece en torno a 10.000 millones al mes, "antes de que acabe el año superaremos los 200.000 millones".
Asimismo, califica como "muy permisivas" las normas españolas respecto al cálculo de la morosidad, sobre todo por la política de las refinanciaciones, que han permitido que, por ejemplo, frente a un caso de impago el banco le haya ampliado el plazo al deudor o haya aceptado nuevos avalistas.
A esta situación hay que añadir el hecho de que la subida de las tasas estatales en los litigios civiles, mercantiles y contencioso adiminitrativos provocará que aumenten también los costes de los procesos judiciales que se inicien para recuperar los impagos, y que sea el demandante el que corra con dichos gastos. Lo que derivará en que no siempre se inicien dichos procesos y que, por tanto, los morosos continúen sin pagar sus créditos.
Si bien es cierto que, tal y como especifica el vicedecano del Colegio de Procuradores de Tribunales de Barcelona, Ramón Davi, esta subida afectará especialmente a las pequeñas empresas y a la clase media, "la lucha contra la morosidad será más cara y complicada".