El complicado estado de crisis presente en los últimos años ha provocado un aumento en la morosidad pública, la cual ha sido causante de la desaparición de más de 350.000 autónomos que han cesado en su actividad desde el año 2008. Todo ello se ve agravado debido a que se ha destruido una gran cantidad de empleo lo cual ha intensificado la crisis en diferentes sectores profesionales.
La alarma se ha intensificado al comprobar que las Administraciones locales y autonómicas están pagando con importantes retrasos que llegan en muchos casos a alcanzar hasta 160 días, en lugar de cumplir los plazos establecidos, los cuales según las normas que rigen la Ley de Morosidad deben de hacerse entre 30 días y 60 días de forma excepcional.
Las deudas que generan las Administraciones provoca que haya menos crédito disponible para ayudar y financiar a las empresas y autónomos provocando la falta de liquidez para afrontar pagos lo cual provoca su desaparición debido a la imposibilidad de avanzar en el mercado.
El Estado central, los ayuntamientos y las autonomías generan una deuda de aproximadamente de 50.000 millones de euros, lo cual equivale a un 5% del PIB español. Esta cifra coloca a España en una situación delicada, convirtiéndose en el segundo país después de Grecia como el socio más moroso de la Unión Europea.
Las medidas que se pretenden imponer para acabar con este problema es situar el plazo máximo de pago por parte de la Administración en 30 días, igualmente se ejercerá un mayor control sobre cuales son los gastos que pueden asumir las Administraciones con el fin de controlar el pago de los mismos, de esta forma se podrán equilibrar las cuentas y se pagarán las deudas.
En definitiva lo que se pretende es que los pagos se hagan puntuales a todas las empresas y en especial a los más desfavorecidos en este aspecto como son los trabajadores autónomos los cuales se ven en la situación de prestar un determinado servicio o vender ciertos productos, sin que la Administración lo pague, una situación que se espera erradicar con la aplicación de las nuevas directivas europeas.