La subida de las tasas judiciales estatales que puso en marcha el Gobierno el pasado mes de diciembre provocará que los morosos lo tengan más fácil para no pagar.
No se trata de que se les apliquen exenciones o demoras en los pagos, sino que los denunciantes tendrán que abonar importes más elevados para poder iniciar cualquier tipo de proceso judicial que suponga la recuperación del impago.
Esto es al menos lo que indican desde el Colegio de Procuradores de Tribunales de Barcelona, que ya mostró públicamente su disconformidad con el popularmente conocido "tasazo" por considerar que limita el acceso a la justicia a una parte importante de los ciudadanos.
Desde su punto de vista, esta subida está afectando especialmente a la clase media y las empresas más pequeñas que, igualmente, son las que más están soportando los efectos de la crisis y las que están teniendo más dificultades para salir adelante por los impagos que sufren.
Así, afirman, las nuevas tasas están gravando en exceso tanto los litigios civiles y mercantiles como los contencioso administrativos. Por ejemplo, una persona física que antes reclamara un impago de 6.000€ no tenía que abonar nada; si esta reclamación la hacía una empresa que facturase menos de 10 millones, debía pagar 120€; y una de envergadura superior podría tener que pagar hasta 300€.
Sin embargo, con las nuevas medidas del Ministerio de Justicia, tanto empresas como personas físicas están obligadas a abonar 450€ para iniciar cualquier proceso, independientemente del importe total de la facturación. Además, en caso de apelación, esta cifra podría alcanzar los 1.100€.
Teniendo en cuenta los elevados números, desde el Colegio advierten que la lucha contra la morosidad será mucho más complicada y mucho más cara, y no deja de suponer un retroceso importante que podría repercutir en otros ámbitos como, por ejemplo, el mantenimiento de las pymes como base para reactivar la economía.
FOTO: Bufete Morato-Prieto